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Recientemente, el Congreso de Estado Unidos aprobó una serie de reformas dirigidas a flexibilizar las normativas que deben cumplir los bancos pequeños y medianos en dicho país, englobadas en la Ley Dodd-Frank. Diversos analistas coindiden en afirmar que esta ley es la reforma a la regulación del sector financiero estadounidense más compleja desde la promulgación de la Ley Glass-Steagall.
Esta determinación fue vista como un triunfo de la actual administración de dicho país, que anteriormente prometió revisar la carga regulatoria que debe asumir el sector financiero estadounidense. Lo anterior, justificado en la pérdida de competitividad de la banca doméstica ante aquella de otros países y regiones en virtud de las altas exigencias regulatorias que deben cumplir.
A grandes rasgos, el Congreso aprobó una serie de reformas que permiten a cientos de bancos con operaciones en Estados Unidos evitar el cumplimiento de algunas de las exigencias más estrictas de la ley Dodd-Frank, dejando el régimen regulatorio casi inalterado para los bancos más grandes en términos de activos.
Uno de los alivios regulatorios radica en la cantidad de bancos sujetos a las pruebas de estrés anuales por parte de la Reserva Federal FED. Anteriormente, todos los bancos con activos mayores a USD 50 milloes eran sujetos de estas evaluaciones; hoy día, tras los cambios implementados, dicho umbral fue quintuplicado y por tanto solamente los bancos con activos superiores a USD 250 millones serán sujetos de dichas evaluaciones.
Si bien es cierto que la anterior iniciativa ibera a los bancos pequeños de elevadas exigencias de capital y/o que no operan en nichos de mercado riesgosos, sus detractores afirman que el umbral de USD 250 millones es excesivamente alto y que minimiza el riesgo sistémico presente en los bancos medianos ya que, en la práctica, menos de una docena de entidades estaría sujeta a dichas pruebas de estrés - es decir, solamente el 0.2% del total de entidades bancarias de ese país. En la misma línea, argumentan que la crisis financiera de 2007-2008 no se originó en bancos grandes, sino en bancos medianos e inclusive, en entidades financieras diferentes a bancos comerciales (bancos de inversión y hedge funds, fondos de cobertura, principalmente).
Paralelo a lo anterior, los cambios regulatorios eximen a muchos bancos pequeños del cumplimiento de reglas estrictas en lo relacionado con préstamos hipotecarios, lo cual busca de financiación de vivienda y atomizar la concentración de mercado existente. No obstante, dichas exenciones parecen ir acompañadas de una disminución en la protección al consumidor financiero en lo relacioado con puntajes crediticios, montos de aprobación y tasas de interés.
Hay que tener en cuenta que, adicional a estas iniciativas de desregulación, varios reguladores de Estados Unidos propondrán en los próximos días cambios a la regla Volcker. Quienes respaldan estan iniciativa buscan mejorar la provisión de liquidez a los mercados de valores por parte de los bancos, mientras que sus detractores contradicen esta posición argumentando que los niveles de liquidez posteriores a la promulgación de dicha ley son cercanos a sus máximos históricos.
En síntesis, cuando se habla de regular el sector financiero (o desregularlo), hay que analizar las dos caras de la moneda. En particular, es necesario balancear sus impactos positivos y negativos en el corto y largo plazo, así como evaluar la racionalidad de sus costos y plazos de implementación, y el ámbito de aplicación entre tamaños de entidades.
Al respecto, la senadora demócrata Heidi Heitkamp afirmó que "lo que se planteó como 'demasiado grande para quebrar' bajo la ley Dodd-Frank se convirtió en 'demasiado pequeño para se rentable' debido a la onerosa carga regulatoria", en referencia a normatividad que bancos pequeños y grandes deben enfrentar por igual. Así las cosas, el debate sobre la regulación óptima está lejos de zanjarse.
En la historia financiera del mundo muchas posiciones se argumentan y los cambios por dicha razón ocurren permanentemente, razón por la cual es muy pronto para afirmar si los anuncios de desregulación financiera de la actual administración de Estados Unidos generarán los beneficios inicialmente planteados.
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